Una Cuenta Pública Participativa es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, por medio del cual se generan espacios de diálogo e intercambio de opiniones entre las instituciones, sus respectivas autoridades y la sociedad civil, con el propósito de dar a conocer la gestión, para posteriormente evaluarla, generar transparencia y garantizar el ejercicio del control ciudadano sobre la administración pública. Constituye una oportunidad relevante para someter al análisis y reflexión de la ciudadana el actuar del Estado. En específico, la ley sostiene que:

“Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el artículo 70.”

De esta manera, la Cuenta Pública Participativa contribuye a dar a conocer las acciones realizadas por el gobierno a nivel sectorial, ofrecer a la ciudadanía espacios de diálogo con la autoridad, recoger las opiniones, comentarios y dudas de la ciudadanía en relación a los procesos de gestión pública, generar mayor transparencia de la gestión pública y garantizar el control social por parte de la ciudadanía.